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Edición #5231 |  Ecuador, domingo, 16 de junio de 2019 |  Ver Ediciones Anteriores

ECUAVISA (Pichincha) Corre plazo de 180 días para liquidación de SUPERCOM

2019-02-22 07:44:00
Política Nacional
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"Todos los equipos, mobiliario, ventajosamente no existen a nombre de la Superintendencia bienes inmuebles, Por otro lado, está el tema del personal que es lo más sensible", indicó Édison Toro

La Ley de Comunicación reformada, vigente desde este miércoles 20 de febrero de 2019, da 180 días para la liquidación de la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom).

Así llega a su fin el organismo que desde 2013, con Carlos Ochoa a la cabeza, aplicó 705 sanciones a medios de comunicación a los que cobró 800 mil dólares en multas.

Édison Toro, superintendente de esta etapa de transición, explica cómo se llevará el proceso: “Todo lo que significa equipos, mobiliario, ventajosamente no existen a nombre de la Superintendencia bienes inmuebles, Por otro lado, está el tema del personal que es lo más sensible”, indicó. 

Quedará insubsistente el cobro de 2 millones de dólares en multas a medios de comunicación por procesos que estaban en curso. 

“Están todavía pendientes de ser o ejecutadas forzosamente en coactiva o en materia de impugnación judicial. Eliminada la conducta de infracción en la ley y su consecuencia en sanción, no cabe que persista ninguna consecuencia pendiente de solucionarse”, dijo. 

Actualmente hay 226 funcionarios de la Supercom a nivel nacional que serán evaluados para reubicarlos o liquidarlos.

“De esos, 107 tienen el nombramiento definitivo; es decir, que hay que respetar su estabilidad laboral y hacia el enfoque de lo que la transitoria nos dice, establecer todos los mecanismos, inclusiva el de supresión de partidas”, explicó. 

El plan de liquidación, con el posible pago de indemnización, podría costar 6 millones de dólares.

Además, quedan pendientes investigaciones de la Contraloría sobre las actuaciones de la entidad durante la administración de Carlos Ochoa.

Ochoa enfrenta un proceso judicial por posible falsificación y uso de documento falso y tiene orden de prisión. Está prófugo en Bolivia, país en el que solicitó refugio. 

 

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